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 Reportaje a constitucionalistas - Revista “Apertura” mayo de 20099
 Programa "Tribuna Profesional" - 9-9-09
Reportaje a constitucionalistas - Revista “Apertura” mayo de 2009mayo 2009  
 
Hombres de Ley fundamental Los problemas institucionales generan un aumento de las consultas a los constitucionalistas. En qué causas intervienen y cómo ven el momento actual. En un país donde el respeto por las instituciones se encuentra en profundo retroceso, la voz de los constitucionalistas cotiza en alza. Las pruebas del atropello a las reglas de juego brotan casi a diario: sólo basta con pensar en el adelantamiento de las elecciones para el mes que viene, o en la idea de impulsar candidaturas "testimoniales" de gobernadores e intendentes que no asumirían en sus cargos si finalmente se presentan y resultan elegidos… La dinámica de los hechos llega a tal punto que las noticias se amontonan sin tiempo de ser debidamente procesadas. Tanta alteración provoca una demanda adicional de trabajo para los expertos en la Ley fundamental, que en los últimos años vieron crecer las consultas de parte del sector privado en áreas como impuestos, derecho laboral y derecho de propiedad. Son tiempos turbulentos y los abogados no dejan de formular sus críticas por el nivel de deterioro jurídico que envuelve al accionar político. "Es uno de los momentos donde el estado de derecho se encuentra más afectado y enfermo. A veces uno se pregunta si todavía tenemos república", dispara Daniel Sabsay, socio de Sabsay Neimark Abogados y uno de los constitucionalistas más escuchados. "Hay una sola cosa que tengo absolutamente clara: que todo está confuso. Existe un grado de anomia muy grande", sentencia Jorge Vanossi, ex diputado por el radicalismo y el PRO, ex ministro de Justicia durante la presidencia de Eduardo Duhalde y socio de Etcheverry, Gregorini Clusellas & Vanossi. "En los últimos ocho años se inició un proceso de declinación que conduce a la autocracia. La ciudadanía no reacciona frente a las violaciones manifiestas a la Constitución", enfatiza Gregorio Badeni, socio de Badeni & Gagliardo. "Estamos en un nivel de deterioro institucional tal que los constitucionalistas debemos dar respuestas todos los días", subraya Pablo Manili, socio de Martelli Abogados. Una buena parte del trabajo del constitucionalista consiste en responder requerimientos de otros abogados y estudios, en temas donde esté involucrado cualquier aspecto que pueda lesionar la Ley de leyes o se plantee la necesidad de acceder a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. "Conocemos qué dice el sombrero", describe Sabsay, para quien las consultas de bufetes de Capital y las provincias representan dos tercios de su labor. Pero también tienen una actuación directa al asesorar a empresas y clientes individuales en múltiples campos, ya que, como señala Badeni, "en cualquier área del Derecho pueden aparecer problemas constitucionales". El ámbito público (gobiernos provinciales, legisladores que analizan un proyecto de ley, organismos) conforma la otra pata de clientes. Las inconstitucionalidades se transformaron en una bola de nieve (patagónica) en los últimos años, cuando la ruptura constante de reglas cobró una nueva dimensión. "Hay temas impositivos, laborales, vinculados con el derecho de libre empresa, el derecho de propiedad y la libertad de expresión", detalla Sabsay su labor diaria. "La voracidad fiscal siempre trae trabajo y va in crescendo", aporta Manili, en referencia a las novedosas tasas que crean los municipios, muchas de ellas sin una contraprestación visible. No obstante, en el rubro impositivo, fueron las retenciones las que llevaron a cámaras empresarias e individuos a golpear con insistencia la puerta de los constitucionalistas, ansiosos por saber cómo moverse. La mayoría de esas inquietudes quedó ahí, porque se observó una resistencia a iniciar juicio, aclara Badeni. "Con la eliminación de las AFJP también tuvimos muchas consultas de particulares que no quieren que su derecho de propiedad sea violado, y exigen que sus fondos se mantengan al margen del sistema de reparto", agrega. "Hay estudios que me consultan si vale la pena o no llegar a la Corte en un pleito", señala Vanossi, quien se encuentra abocado a realizar dictámenes y a plantear recursos extraordinarios. "La actuación del constitucionalista puede darse cuando existe un caso que envuelve un problema constitucional o una sentencia arbitraria, que para mí son actos inconstitucionales. Algo tan erróneo que es inconcebible de ser dictado en una normal administración de justicia", afirma. En declive Pero lo inconcebible, o lo inesperado, suele pasar en la Argentina. Y el marco institucional rueda por un peligroso plano inclinado, advierten los expertos. "No es cierto que hace 25 años nos casamos con el gobierno de la ley -lanza Sabsay-. Estamos en una consolidación democrática que no avanza, sino que decrece. El deslizamiento tuvo una primera etapa con los 10 años de Menem, pero se agravó de manera colosal con Kirchner". El abogado cree que el principio de la legitimación autoritaria del poder -viejo lastre del que el país no puede librarse- salta a la luz cada vez que el Poder Ejecutivo gobierna por decreto. "O cuando se violan las disposiciones legales -como en el caso de las elecciones-, sin posibilidad de que exista un control efectivo porque los jueces son rehenes de un organismo como el Consejo de la Magistratura, dominado por el oficialismo", sostiene. Badeni coincide. "Cada día se respetan menos las instituciones. Basta con citar ejemplos de los últimos años: se está gestando una suerte de odio en la sociedad, la modificación de la reglamentación del Consejo de la Magistratura se hizo con la deliberada intención de que el oficialismo pueda controlar ese órgano para presionar a los jueces…". La lista del abogado no omite las descalificaciones que reciben opositores y periodistas. "La libertad básica de todo sistema democrático -afirma- es la libertad de expresión, que se traduce en la libertad de prensa. Raymond Aron decía que cuando ingresaba a un país quería ver cómo funcionaba la libertad de prensa, para saber cuán democrático era". "Hoy hay más inseguridad jurídica, personal y social que hace diez años", se suma Vanossi. "Están rotas las reglas del juego. No pueden cambiarse los marcos regulatorios y las normas cuando se está participando. Es un problema ético", dispara, en alusión al cambio de fecha de las elecciones y las candidaturas testimoniales barajadas por el Gobierno. A juicio de Sabsay, las postulaciones que pretendía impulsar el oficialismo en la provincia de Buenos Aires al cierre de esta edición son ilegales: "Se quiere lograr la concreción de un acto jurídico inexistente, porque carece de un elemento fundamental: la finalidad. Se vota a alguien para que asuma su cargo. Si ya anticipa que no lo hará, los organismos de aplicación deberían rechazar la candidatura porque no reúne los requisitos para ser válida". Badeni cree que el adelantamiento de las elecciones -que motivó consultas a su estudio de distintos ámbitos- no representó un hecho inconstitucional en sí. "No había inconvenientes de que se adelantara por ley, siempre y cuando existiera un margen razonable para que los partidos seleccionen a sus candidatos. De todos modos, genera una perturbación en el funcionamiento interno de los partidos", dice. Legal y razonable Manili resalta que el hecho de que una reforma sea sancionada por el Congreso, no sanea un vicio de inconstitucionalidad. "En el caso de las AFJP, por ejemplo, los afiliados eran titulares de sus aportes. Una ley no puede afectar derechos adquiridos a la luz de la legislación anterior. Así lo viene diciendo la Corte Suprema desde 1922", resalta. Las consultas por la estatización de las AFJP no se acercaron a las del corralito en su momento, pero fueron muchas, indica el abogado. Ya existe un fallo en primera instancia (en la causa Scotti) que declara la inconstitucionalidad de la reforma y obliga a la ANSeS a devolver los fondos a la damnificada. "El control de constitucionalidad tiene dos facetas: el de legalidad, y el de razonabilidad. La mera legalidad no alcanza para que una norma sea constitucional", amplía Manili, y sigue: "La norma debe haber cumplido con lo extrínseco -que sea sancionada por el Congreso- y con el respeto intrínseco -que no sea arbitraria, no trasvase los límites sustantivos a los poderes". En el caso de un impuesto, por caso, no sólo importa lo legal, sino que sea razonable. Pero esta segunda instancia de control está aún lejos de la tradición constitucional argentina, apunta. Es el aspecto cultural, en el fondo, lo que explica la decadencia institucional, según los abogados. "La cultura cívica está sumamente degradada y restablecerla puede llevar una generación -remata Badeni-. La ciudadanía muchas veces invoca la Constitución, pero cuando le conviene".
Pablo Ortega

El origen de los males ¿A qué se debe la falta de respeto a la ley y a las instituciones que caracteriza a la clase política, pero refleja -en definitiva- una conducta de toda la sociedad? Para Daniel Sabsay, hay que remitirse a los tiempos de la colonia para encontrar el origen de este comportamiento. "Estuvimos sometidos a un sistema colonial en el cual la concentración de poder era absoluta; todas estas tierras integraban el patrimonio privado del rey de Castilla, una figura jurídica que sólo se dio dos veces en la historia colonial. Las decisiones venían del Consejo de Indias, pero llegaban muy tarde. ¿Qué hacía el virrey? Le ponía un sello diciendo que la ley se honra, pero no se cumple, porque estaba desactualizada o no le convenía. Ésa fue nuestra cuna", describe. A diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, donde las colonias puritanas debían organizarse bien porque no podían regresar a Inglaterra (eran perseguidos religiosos), quienes venían hacia estos dominios pensaban en "hacerse la América" y volver a Europa, rápidamente enriquecidos. Allí se sembró, para Sabsay, la semilla de lo que caracterizaría luego a la historia argentina en su alternancia entre gobiernos de jure y de facto: el enfrentamiento entre el principio autoritario de legitimación del poder, y el principio democrático. "Hemos ido y venido en la aplicación de uno y otro principio, sin casarnos con ninguno", sostiene. "Los gobernantes no entienden que la constitución es un límite a su accionar -apunta Pablo Manili-. Para salir de situaciones coyunturales o momentos de crisis, la violan. La Argentina despegará el día que empiece por respetar las instituciones". La espera continúa.