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El Bloque de Constitucionalidad (2017)
Segunda Edición, actualizada y ampliada

Manual de Derechos Humanos (2017)
LA CORTE SUPREMA
El tribunal de las
garantías constitucionales
Actualizado por Pablo L. Manili

Año 2010
Editorial: EDIAR

Bidart Campos, Germán J.
La Corte Suprema - El tribunal de las garantías constitucionales
2a ed. – Buenos Aires: Ediar, 2010

Estudio preliminar de
I. La presente obra fue escrita por Germán José Bidart Campos
entre fines de 1981 y principios de 1982, en tiempos de la última
dictadura militar que asoló a la República Argentina.
Aun en ese opresivo marco político, en que la Constitución
estaba entre paréntesis, Bidart Campos esbozó una tesis: que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es un tribunal
de garantías constitucionales.
En efecto, el libro que hoy actualizamos es una tesis en la
cual el autor demuestra que esa es la misión fundamental de
nuestro máximo tribunal, y no la de ser un tribunal político,
destinado a solucionar conflictos de poder.
Se trata de un debate entre dos ideas rectoras del accionar
del tribunal: ¿cuál es su misión última?... Nadie podría discutir
que es la de ser el máximo garante de la constitución y el intérprete
final de sus normas. Pero dentro de ese escenario, ¿dónde
debe poner el énfasis?... ¿en la parte orgánica o en la parte dogmática?...
Profesores como Julio Oyhanarte y Alberto Antonio
Spota1 –entre otros– sostenían la primera postura, mientras que
Germán Bidart Campos se enrola en la segunda y la defiende
en este libro.
Coincidimos totalmente con este segundo enfoque y con la
idea que se sustenta en esta obra, por un motivo esencial: el Estado, el gobierno y los órganos que lo componen fueron creados
al solo efecto de proteger los derechos fundamentales. Así
surge de la Declaración de Filadelfia2, que es el principal antecedente
de la primera constitución escrita: “Sostenemos como
verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales;
que a todos confiere su Creador ciertos derechos inalienables
entre los cuales están la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad;
que para garantizar esos derechos los hombres instituyen
gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento
de los gobernados...” (el destacado nos pertenece). Es decir que
ya en el preludio del constitucionalismo universal se expresa
una premisa básica en materia de los derechos fundamentales
de la persona humana: que son anteriores al Estado, por cuanto
se consagra el principio de que los gobiernos se instituyen al
solo efecto de garantizarlos. Tan evidente resultaba ese hecho
para los norteamericanos que, en 1787, al dictarse su constitución,
no incluyeron en ella una declaración de derechos y se
limitaron a organizar los órganos de poder3. Fueron necesarias
las diez primeras enmiendas (1789) para incorporar a la ley fundamental
una lista de derechos reconocidos y garantizados por
el Estado. En otras palabras: la organización y la división del
poder y todo el sistema de frenos y contrapesos es meramente
instrumental, es un medio para el logro de un fin, y ese fin es la
defensa de los derechos fundamentales.
Por lo tanto, si el fin último del constitucionalismo es la
defensa de los derechos, y toda la organización del poder es un
medio para lograr ese fin, la finalidad primordial de la actuación
del máximo tribunal es la de defender los derechos.
Quizás el camino que elegimos para demostrar nuestra adhesión
a la postura de Bidart Campos peque de simplista. Será
por ello que Germán eligió el camino más largo para demostrarlo:
el de analizar la jurisprudencia de la Corte en los principales
derechos y garantías constitucionales y en temas conexos con
éstos, como son: las intersecciones iusnaturalistas de esos derechos,
el excesivo rigor ritual, la doctrina de las cuestiones no
justiciables, etc. O, desde otro punto de vista, podemos afirmar
que nuestra fundamentación apunta al deber ser de la Corte (es
decir: qué es lo que la Corte debería hacer prioritariamente),
mientras que la de Bidart apunta al ser (es decir, a la realidad
que el tribunal fue edificando a lo largo de su historia). Y eligió
ese camino largo en una época que no favorecía la demostración
de su tesis, ya que la Corte estaba integrada por personas designadas
por un gobierno usurpador del poder. Pero, con su habitual
optimismo y lejos del constitucionalismo rezongón que se queja
de todo, Bidart Campos se las ingenió para demostrar su tesis y
dejar al lector un mensaje alentador, como siempre hizo en sus
casi cincuenta años de publicista. Pese a los duros tiempos que
le tocó vivir, y a haber sido testigo de varias dictaduras durante
su vida, Germán siempre transmitió un mensaje alentador y optimista
a sus contemporáneos y a las generaciones venideras.
El capítulo titulado “El abogado del Diablo” y el “Epílogo” de
este libro constituyen el toque final en el que el maestro demuestra
su tesis, desarrollada a lo largo de la obra.
De lo dicho surge una conclusión lógica: si Germán sostuvo
eso durante la dictadura de 1976-1983, ¿qué habría dicho si el
libro lo hubiera escrito después de lo hecho por la Corte a partir
de 1983?... Si le cabía el título de “Tribunal de las Garantías
Constitucionales” en 1982, ¡cuántos más méritos hizo el tribunal
desde diciembre de 1983 hasta nuestros días para merecer
esa calificación!... Especialmente en el período 1983-1990,
en atención al claro tinte garantista de los fallos del tribunal en
este período: en nuestra opinión, el mejor rótulo que le cabe a la
Corte de esa etapa es el de “garantista”4 en razón de que la característica principal del período fue la defensa de los derechos
humanos fundamentales y la ampliación del garantismo.
A ello cabe agregar que la Corte que actuó entre la ampliación
de 1990 y los juicios políticos iniciados en 2003 contra cinco
de sus miembros en todos aquellos temas que no molestaban
al gobierno de turno –al cual respondió ciegamente– también
realizó una importante tarea en lo atinente a los derechos: prueba
de ello son los fallos “Ekmekdjian c/ Sofovich” (sobre amparo
colectivo, derecho de réplica y jerarquía de los tratados frente a
las leyes, Fallos 315:1492), “Giroldi” (sobre la aplicación de la
jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos,
Fallos 318:514), “Bramajo” (sobre la utilidad de los informes de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Fallos
319:1840), “Urteaga” (sobre habeas data, Fallos 321:2767), “Mill
de Pereyra” (sobre el control de constitucionalidad de oficio, Fallos
324:3219), “Provincia de San Luis” (sobre derecho de propiedad
y emergencia, Fallos 326:417), etc. Aunque también debemos
señalar que, en temas sensibles a las políticas gubernamentales,
la Corte de la década de 1990 prefirió justificar el poder antes
que garantizar la libertad, por ejemplo en el fallo “Defensor
del Pueblo” (Fallos 310:2943, 311:2725 y 318:132), “Prodelco” (Fallos
321:1252), “Peralta” (Fallos 313:1513), “Cocchia” (Fallos
316:2624), etcétera.
Y durante el período que va desde 2003/4 (en que se produjeron
importantes cambios en la composición de la Corte), hasta
fines de 2009 (en que escribimos estas líneas), son dignos de
destacar, en cuanto reveladores de un rol garantista del tribunal,
los fallos: “Aquino” (sobre riesgos del trabajo, Fallos 327:3753),
“Badaro” (sobre movilidad de haberes previsionales, Fallos
329:3089 y 330:4866), “Banco Comercial de Finanzas” (sobre el
control de constitucionalidad de oficio, Fallos 327:3117),
“Mendoza” (sobre derecho a un medio ambiente sano, con sus
varias sentencias: Fallos 20-06-2006; 329:2316, 24-08-2006;
329:3445, 20-03-2007; 330:1158, 08-07-2008; 331:1622, 23-07-
2008; 331:1676), “Verbitsky” (sobre hábeas corpus pluri-individual
correctivo, Fallos 328:1147), “Halabi” (Fallos 332:111, sobre
acciones de clase no patrimoniales), etcétera.

II. Acerca del método de actualización
La tarea que nos encomendara la editorial Ediar de actualizar
este libro implica un alto compromiso intelectual y moral.
Nos sentimos honrados por ello y la hemos asumido con la alta
responsabilidad que la talla del autor y de la obra nos imponen.
Hemos tenido el privilegio y la dicha –al igual que varias generaciones
de constitucionalistas argentinos– de ser discípulos
del profesor Bidart Campos, y, sobre todo, de ser amigos de Germán,
es decir, del hombre detrás del autor. Pero ninguno de
esos dos caracteres nos da autoridad alguna para modificar en
lo más mínimo la obra del maestro, so pretexto de actualizarla.
Afortunadamente, Germán escribió hasta los primeros días de
septiembre de 2004, en que lamentablemente nos abandonó físicamente,
lo cual nos dio la posibilidad de utilizar fuentes primarias
para la actualización de esta obra, al menos para los
primeros veintidós años posteriores a su publicación, en 1982.
En otras palabras, consideramos que lo mejor era actualizar a
Bidart Campos utilizando los escritos y las enseñanzas del propio
Bidart Campos. Por lo tanto, hemos procurado en todo momento
remitirnos a los trabajos publicados por el autor con
posterioridad al libro y en una mínima parte recurrir a nuestra
propia pluma. Consideramos que esa es la mejor manera de
mantener la obra lo más parecida posible a su original y de homenajear
la memoria de uno de los más grandes constitucionalistas
que pisaron estas tierras.
Hemos mantenido el sistema de citas utilizado por el autor,
es decir, al referirse a fallos, incluir la cita entre paréntesis
dentro del texto y al referirse a obras doctrinarias, mencionarlas
en una nota al pie. Intentamos, asimismo, no afectar su
unidad temática, manteniendo el estilo sobrio con que estaba
escrita, es decir, sin extendernos en el análisis de fallos e intentando
en todo momento destacar los méritos de la Corte y
apenas insinuar sus yerros. Hay muchos temas interesantes
que han surgido con posterioridad a 1982 y que hubieran podido
motivar el agregado de varios capítulos a este libro, muchos de
los cuales justificarían aún más el mote de Tribunal de Garantías
Constitucionales con que el autor definió a la Corte Suprema. Pero no era nuestra función “aumentar” la obra sino solo
actualizarla. El agregado de otros capítulos habría hecho perder
la unidad de concepto con que fue escrita y, para evitarlo, hemos
optado por intercalar una breve referencia a los fallos de la
Corte que introdujeron esas nuevas doctrinas o institutos
garantistas o esas ampliaciones del control en el marco de los
capítulos existentes. Los temas a los que nos venimos refiriendo
son: la acción declarativa como método de impugnación directa
de la constitucionalidad de normas o actos, la declaración
de inconstitucionalidad de oficio, los mecanismos para superar
la inconstitucionalidad por omisión, la defensa del derecho a un
ambiente sano, las acciones de clase, la doctrina del fruto del
árbol venenoso, las interpretaciones extensivas del hábeas data
y del hábeas corpus, la incursión de la Corte en el tema de los
riesgos del trabajo, etc. Todos ellos fueron incorporados a esta
obra, pero intentando no alterar su estructura.
Hasta los últimos días de su vida el profesor Bidart Campos
comentó cotidianamente la jurisprudencia del máximo tribunal,
haciendo siempre hincapié en los fallos referidos a derechos
fundamentales, que reforzaban su rol de tribunal de
garantías. A fin de facilitar al lector el hallazgo de esa riquísima
doctrina, incluimos aquí una lista de las notas publicadas por el
maestro en las revistas jurídicas de mayor circulación en Argentina
entre 1982 y 2004 y que sirvieron de base a esta actualización:
a) Publicaciones en El Derecho
– “El problema de los ‘desaparecidos’ y el poder judicial”, en
El Derecho 98:308.
– “Un arduo problema constitucional y penal: la incriminación
del tráfico de estupefacientes (las leyes 19.303 y 20.771)”,
en El Derecho 98:397.
– “La corte suprema desconoce el matrimonio religioso al
denegar una pensión (Tres votos contra dos)”, en El Derecho 100:
471.
– “¿Puede el congreso suspender por ley el ejercicio de derechos
durante el estado de sitio?”, en El Derecho 100:562.
– “El alcance de la libertad corporal en un habeas corpus
exitoso”, en El Derecho 103:448.
– “La objeción religiosa de conciencia y el deber militar de
defensa (¿Igualdad de derechos y deberes?), en El Derecho 104:
736.
– “Condenas militares de civiles a la luz de reciente jurisprudencia
de la Corte Suprema de justicia”, en El Derecho 107:
327.
– “Problemas constitucionales en una sucesión donde se
discutió la filiación matrimonial de los herederos”, El Derecho
120:796.
– “Problemas en torno de un caso sobre la aplicación de la
ley penal más benigna después de cumplida la condena”, en El
Derecho 123:175.
– “La convención sobre la tortura y la ley de obediencia debida
(Un tema de derecho internacional y de derecho constitucional)”,
en El Derecho 129:492.
– “El recurso extraordinario no satisface el requisito de la
doble instancia que para el proceso penal prevén los pactos internacionales
de derechos humanos”, en El Derecho 129:791.
– “Un brillante e innovador fallo de la corte suprema acoge
parcialmente la objeción de conciencia para los deberes militares”,
en El Derecho 133:364.
– “Más sentencias de la corte en el marco de su activismo
judicial: la declaración de inconstitucionalidad de una pena”,
en El Derecho 134:202.
– “Cuestiones procesales y no procesales en un fallo de la
corte sobre la guarda de una menor”, en El Derecho 134:745.
– “Revisaciones vaginales a las mujeres que son familiares
de presos”, en El Derecho 136:700.
– “La revisión de una condena penal por cambio en la jurisprudencia
de la corte (Ley penal más benigna, derecho judicial
más benigno e igualdad constitucional), en El Derecho 141:99.
– “La nueva jurisprudencia de la corte en materia de drogas”,
en El Derecho 141:469.
– “El fallo de la corte sobre el ‘plan bonex’ (El amparo: airoso;
la propiedad: desprotegida; la constitución: entre paréntesis)”,
en El Derecho 141:519.
– “Egoísmos inconstitucionales por negación de la legitimación
procesal activa”, en El Derecho 145:476.
– “El ‘adentro’ y el ‘afuera’ del derecho de replica”, en El Derecho
148:348.
– “El valor de la jurisprudencia de la corte suprema en la
interpretación y aplicación de las leyes penales”, en El Derecho
148:570.
– “La negatoria a someterse a pruebas biológicas en el juicio
de filiación”, en El Derecho 157:255.
– “La legitimación procesal activa en el párrafo segundo del
art. 43 de la constitución”, en El Derecho 166:860.
b) Publicaciones en Revista Jurídica Argentina La Ley
– “El fallo de la Corte Suprema en el caso de la comunidad
homosexual argentina”, en La Ley Doctrina 1992-I:915.
– “El derecho a la tutela judicial efectiva en una señera sentencia
de la Corte Suprema de Justicia”, en La Ley 1996-E:580.
– “La valla que la jurisprudencia de la corte suprema pone
al control constitucional sin pedido de parte”, en La Ley 1997-D:
530.
– “¿Habeas data, o qué? ¿Derecho ‘a la verdad’, o qué?”, en
La Ley 1999-A:212.
– “Denuncia de un delito del que tuvo noticia el médico por
evidencias corporales de su paciente”, en La Ley 1999-B:164.
– “Habeas corpus y expulsión de extranjeros: lo abstracto y
lo concreto”, en La Ley 1999-C:62.
– “El fallo de la corte suprema sobre el estatuto de la universidad
nacional de Córdoba”, en La Ley 1999-E:254.
– “Un largo trayecto procesal que la corte equipara a privación
de justicia”, en La Ley 2000-E:186.
– “Vida privada, sexualidad, prostitución y Fuerzas Armadas”,
en La Ley 2000-E:211.
– “El acceso de las mujeres al colegio Monserrat”, en La Ley
2000-F:131.
– “La exigencia constitucional e internacional de la alzada
en el proceso penal”, en La Ley 2001-B:142.
– “Formalismos rituales que han eludido la ‘verdad material’
y ‘lo justo objetivo’, en La Ley 2001-B:782.
– “Las legitimaciones en materia de amparo”, en La Ley
2001-B:798.
– “La dimensión de la salud como bien colectivo y los servicios
de salud”, en La Ley 2001-F:906.
– “La corte enseña que la política económica está por debajo
de la Constitución”, en La Ley 2002-F:449.
– “El Recaudo Constitucional y Procesal de la Acusación Penal”,
en La Ley 2003-A:207.
– “Las sentencias que dicta la Corte sin tener Jurisdicción
ni competencia en el caso, son nulas de nulidad absoluta”, en
La Ley 2003-A:221.
– “¿Hay que pagarle al estado para que administre justicia?
(repensando la ‘tasa de justicia’)”, en La Ley 2003-B:1467.
– “La comunicación social como bien colectivo, compartido
por los comunicadores y los recipiendarios”, en La Ley 2003-B:
1468.
– “El examen hematológico mediante prueba compulsivamente
obtenida”, en La Ley 2003-F:435.
– “La denegatoria de personalidad jurídica a la asociación
de swingers es perfectamente constitucional y coincidente con
el orden público de nuestro derecho de familia”, en La Ley 2003-
E:513.
– “La guerra, los daños y el derecho a reparación”, en La Ley
2003-F:66.
– “Un tema constitucional-procesal siempre atractivo: el
exceso ritual manifiesto”, en La Ley 2003-F:1494.
– “El control constitucional y el arbitraje”, en La Ley 2004-E:
392.
- “¿Y el ‘iura novit curia’?”, en La Ley 2004-C:274.
- “Democracia, procesos electorales, derecho a elegir y a
ser elegido”, en La Ley 2004-C:312.

Pablo L. Manili